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OEA apoya denuncia de exfiscal Ortega contra Maduro en La Haya

Consideró que la decisión de la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, de pedir una orden de captura contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro, fortalece el proceso en la OEA. “Será de extrema utilidad para los expertos” de la OEA, subrayó Almagro después de que la exfiscal Luisa Ortega Díaz se presentara el jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para denunciar por “crímenes de lesa humanidad” a cuatro altos funcionarios del gobierno bolivariano, y solicitara una orden de captura internacional contra Maduro. Al respecto, Almagro afirmó que se trata de una información relevante que, desde el punto de vista jurídico, fortalece el proceso de audiencias que él ha impulsado en el organismo para dirimir si hay base suficiente para llevar a los dirigentes chavistas ante la CPI. Asimismo, expresó su apoyo a la medida de la exfiscal venezolana y destacó que servirá para consolidar el proceso de la OEA, donde cerró el mismo jueves sus audiencias públicas sobre Venezuela a la espera del informe final de los expertos, que determinarán si hay base para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI. En septiembre, la OEA nombró especialistas de Argentina, Costa Rica y Canadá para estudiar posibles delitos de lesa humanidad de Venezuela mientras su iniciativa para realizar audiencias contra el país bolivariano ante la CPI por estos cargos se enfrentó a los rechazos de los países de la región. La víspera, la exfiscal Luisa Ortega pidió ante la Corte Penal Internacional "orden de captura" contra Nicolás Maduro, y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, como más de ocho mil asesinatos y 17 mil detenciones arbitrarias. "Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad", dijo Ortega, así como "por el hambre, las miserias" y "las penurias a las que está sometido el pueblo". Ortega se reunió ayer jueves con representantes de la Fiscalía de la CPI para presentar "más de mil elementos probatorios", entre ellos "reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas", según dijo a la prensa en La Haya. Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general de Venezuela, demostrarían las responsabilidades del gobierno de Maduro en crímenes de lesa humanidad, incluidos "asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil", comentó Ortega a su salida de la CPI. La exfiscal dijo que se ha visto "en la necesidad" de acudir a este tribunal porque "en Venezuela no hay justicia", y mantuvo que en su país "no es posible que se logre sancionar a los responsables de esos crímenes". Sostuvo que ha existido "un ataque sistemático y generalizado contra la población civil" y que "funcionarios policiales y militares" asesinaron a mil 777 personas en 2015, a cuatro mil 667 en 2016 "bajo las mismas condiciones" y a mil 846 hasta el mes de junio de 2017. La exfiscal, que presidió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, incluyó en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual "fueron asesinadas 505 personas" y cuyos responsables habrían sido "grupos tácticos de combate", dijo Ortega. Todos esos crímenes se habrían cometido "bajo las órdenes del Ejecutivo" y amparados "en un plan que persigue el gobierno de limpieza social", indicó Ortega, que en su breve intervención ante los medios utilizó dos veces el término "razia" para describir los supuestos delitos cometidos. Añadió que "la militarización de la seguridad ciudadana" tuvo como consecuencia que se permitiera "el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, lo que también trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo de Venezuela". Además de implicar a Maduro, la exfiscal presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

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