“Tenemos la esperanza de que este espacio fortalecerá Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México, lo que implica un compromiso común de las y los participantes con derechos de adolescentes que están en proceso judicial”, expresó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, al clausurar las jornadas del foro internacional ‘Desafíos de la Justicia para Adolescentes en México’.
Planteó que el objetivo es impulsar el sistema de justicia adolescente para que sea especializado, centrado en derechos humanos, diferenciado del sistema para personas adultas, y con perspectiva de reinserción social de las y los adolescentes que están en procesos judiciales por situaciones donde instancias del Estado no han hecho su tarea.
En su turno, la relatora de Derechos de Niñez y Adolescencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, felicitó a México por abanderar, con su transformación y consolidación de la justicia adolescente, el proceso para América Latina.
Asimismo, señaló que es una transformación ardua y con muchas barreras sociales, porque el cambio no es sencillo para la región, no obstante, México proyecta, con la intervención de sus jueces y juezas, fiscales, autoridades y sociedad civil, que el proceso está en marcha, por lo que hay que consolidar la importancia de lo que significa la justicia para la población mexicana, en particular, adolescentes.
A lo largo de cinco días se dialogó sobre distintos temas como la Observación General No. 24, en conferencia magistral, relativa a derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, expuesta por el presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Ernesto Pedernera Reyna.
Expresó que el derecho penal juvenil requiere una construcción específica a partir de los estándares internacionales: “no se puede establecer la misma tipificación de los sistemas para personas adultas, que para niñas, niños y adolescentes. El papel del ministerio público debe cambiar bajo la premisa de que el sistema debe tener un fuerte componente educativo y de reinserción social de niñez y adolescencia”.
Participaron, en sesiones abiertas y cerradas, 21 personas expertas nacionales e internacionales que dialogaron con responsables de órganos administrativos de internamiento en todo el país; fiscales y ministerios públicos especializados en entidades federativas; personas defensoras de oficio; titulares de comisiones de derechos humanos estatales y de procuradurías de protección especial.
Durante dichas sesiones, donde se abordaron temas sobre medidas de protección para adolescentes en conflicto con la ley penal, así como corresponsabilidad de autoridades en los tres órdenes de gobierno; intervinieron 4 mil 48 personas; se dieron 14 mil 251 interacciones, entre comentarios y acciones compartidas; y se impactó a más de 96 mil personas vía plataforma Zoom y Facebook Live.
