El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó este viernes licencia temporal al Congreso estatal para separarse del cargo, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de delitos de narcotráfico y armas en presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. La decisión fue anunciada por el propio mandatario en un mensaje en video, en el que reiteró su inocencia y afirmó que busca “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”.
Rocha rechaza los señalamientos y asegura tener “la conciencia tranquila”
En su mensaje, Rocha calificó las acusaciones como “falsas y dolosas”, insistiendo en que su trayectoria lo respalda. Aseguró que demostrará su inocencia cuando las instituciones mexicanas lo requieran y advirtió que no permitirá que el caso sea utilizado para afectar al movimiento político al que pertenece.
La solicitud de licencia deberá ser votada por el Congreso de Sinaloa, como establece la Constitución local.
La FGR pide más pruebas a Estados Unidos
Horas antes del anuncio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras revisar la petición estadounidense de detener provisionalmente a Rocha y a otras nueve personas con fines de extradición, no encontró pruebas suficientes para proceder. La institución señaló que solicitará evidencias adicionales a Washington y continuará analizando el caso.
Los otros señalados —entre ellos funcionarios y exfuncionarios— también han rechazado los cargos.
Contexto político y reacción del Gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero subrayó que será la FGR quien determine si existen elementos para actuar. También consideró que el caso podría interpretarse como una acción injerencista por parte de Estados Unidos, que desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump ha presionado a México para actuar con mayor firmeza contra el crimen organizado.
Una acusación con impacto nacional
El caso ha generado un fuerte impacto político, pues Rocha es uno de los gobernadores más cercanos al oficialismo y su administración ha sido señalada por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, según la acusación estadounidense.
La investigación continuará mientras el Congreso estatal decide si aprueba la licencia solicitada.
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