CULIACÁN — El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este martes la designación de Graciela Domínguez Nava, exsecretaria de Educación Pública y Cultura, como gobernadora interina, tras la nueva solicitud de licencia indefinida presentada por Rubén Rocha Moya. La decisión se tomó en sesión extraordinaria con mayoría de votos del grupo parlamentario de Morena, que respaldó la propuesta enviada por el propio mandatario estatal.
Una figura cercana al gobernador
Domínguez Nava, quien ha sido una de las colaboradoras más cercanas de Rocha Moya desde el inicio de su administración, asumirá el cargo mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos del gobernador con el Cártel de Sinaloa. La nueva mandataria interina fue diputada local y coordinadora del grupo parlamentario de Morena antes de integrarse al gabinete estatal.
El proceso legislativo
La propuesta fue presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que argumentó que Domínguez Nava cumple con los requisitos legales y garantiza la continuidad administrativa del gobierno estatal. Durante la sesión, legisladores de oposición cuestionaron la cercanía política entre la nueva gobernadora y Rocha Moya, advirtiendo que podría afectar la imparcialidad institucional en medio de la crisis política que atraviesa el estado.
Contexto político y judicial
La designación ocurre apenas un día después de que Rocha Moya solicitara nuevamente licencia indefinida, luego de las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró “imprudente” su regreso al cargo mientras persisten las investigaciones internacionales. La FGR confirmó que aún no ha recibido pruebas suficientes de Estados Unidos para proceder con una orden de aprehensión, pero mantiene abierta la indagatoria.
Transición y retos inmediatos
Domínguez Nava asumirá el gobierno en un contexto de tensión política y social, con sectores empresariales y académicos que demandan estabilidad institucional y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Su administración interina deberá garantizar la continuidad de programas educativos y sociales, además de coordinar la relación con el Gobierno federal en medio de la crisis política que afecta al estado.
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