CIUDAD DE MÉXICO — El senador Enrique Inzunza, uno de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, anunció este miércoles que deja la bancada de Morena en el Senado. La decisión ocurre en un momento de fuerte presión diplomática y política entre Washington y el gobierno mexicano.
Inzunza se declara independiente y rechaza las acusaciones
El legislador informó su salida mediante una carta publicada en X, donde aseguró que continuará en el Senado “de manera independiente” y reiteró que las acusaciones en su contra son parte de una “feroz campaña de calumnias” y un instrumento de lawfare sin pruebas.
Inzunza, quien fue secretario de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, afirmó que él mismo encabezará su defensa legal:
“Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal.”
Las presiones de EE.UU. y el caso Sinaloa
La acusación estadounidense, revelada el 29 de abril, señala a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por supuestos vínculos con una organización que Washington clasifica como terrorista extranjera. Entre ellos destacan el gobernador Rubén Rocha Moya y el propio Inzunza.
Todos los implicados han rechazado los señalamientos.
Crisis interna en Morena y tensiones con el gobierno federal
La salida de Inzunza ocurre días después de que Rocha Moya enfrentara críticas por retomar la gubernatura pese a estar bajo investigación, lo que llevó a que finalmente volviera a pedir licencia y fuera reemplazado por Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que su gobierno no encubrirá a nadie, pero también ha exigido que Estados Unidos presente pruebas concretas antes de avanzar en cualquier acción.
La FGR ha citado a declarar a los señalados y mantiene abiertas indagatorias, aunque aún no ha informado avances.
Conclusión
La renuncia de Enrique Inzunza a la bancada de Morena profundiza la tensión política en México en torno a las acusaciones de Washington y abre un nuevo capítulo en la relación bilateral. El caso Sinaloa se ha convertido en una prueba para el gobierno mexicano, que busca equilibrar la cooperación con EE.UU. sin ceder ante presiones externas.
REDACCION
