El Salvador pondrá en marcha el 26 de abril una serie de reformas constitucionales que permiten imponer prisión perpetua a menores desde los 12 años, tras su publicación en el Diario Oficial. La medida forma parte de un paquete de cambios impulsados por la Asamblea Legislativa y respaldados por el Gobierno de Nayib Bukele.
Alcance de las reformas
Las modificaciones permiten aplicar cadena perpetua a condenados por homicidio, feminicidio y violación, y obligaron a ajustar múltiples leyes, entre ellas:
- Código Penal y Procesal Penal
- Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
- Ley Especial Contra Actos de Terrorismo
- Ley Penal Juvenil
También se reformó la Ley Orgánica Judicial, transformando juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que conocerán casos susceptibles de cadena perpetua. Las reformas incluyen un mecanismo de revisión para quienes reciban esta pena.
Preocupación internacional
Organismos como el Comité de los Derechos del Niño, UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresaron “profunda preocupación”, señalando que la medida contradice estándares internacionales que exigen priorizar la rehabilitación de adolescentes y usar la prisión como “último recurso”.
El Gobierno salvadoreño no ha respondido a estos llamados; en el pasado ha acusado a organismos internacionales de “defender a delincuentes”.
Contexto: régimen de excepción y seguridad
El país vive bajo estado de emergencia desde 2022, lo que ha permitido encarcelamientos masivos: más de 90.000 detenidos, según cifras oficiales, aunque alrededor del 10% habría sido liberado. Pese a denuncias de violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias —que el Gobierno niega—, El Salvador ha registrado una drástica reducción de homicidios, uno de los pilares de la alta aprobación de Bukele, reelegido en 2024 con más del 80% de los votos.
HRW alerta sobre detención de menores
A finales de marzo, Human Rights Watch afirmó que entre los detenidos bajo el régimen de excepción hay menores de edad, y pidió poner fin a la medida y garantizar revisión judicial y juicios justos.
REDACCION
