PUEBLA.— El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito ratificó la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —hoy Secretaría de la Defensa— a desclasificar y entregar las versiones públicas de los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus, utilizados en 2018 y 2019.
La resolución responde al amparo promovido hace cuatro años por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que denunció el incumplimiento en la entrega de los acuerdos celebrados con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., empresa vinculada al sistema de vigilancia.
“Es una deuda histórica”: R3D
Para la organización, la decisión judicial representa un paso decisivo para transparentar el uso de tecnologías de espionaje en México.
“Hay una deuda histórica, el uso de Pegasus se remonta a sexenios pasados. Celebramos la decisión del Tribunal… se refutó el argumento de Sedena de que era imposible transparentar esta información”, expresó José Flores, integrante de R3D, en entrevista con El Universal.
Flores recordó que la Sedena excedió el plazo para entregar los contratos y cayó en desacato de la orden emitida por el extinto INAI, lo que motivó la batalla legal que ahora llega a un punto favorable para la transparencia.
Cuatro años de litigio por acceso a la información
R3D ha insistido en que la ciudadanía debe conocer, examinar y discutir las contrataciones del spyware, especialmente ante la narrativa oficial que asegura que estas herramientas no se utilizan para espiar.
La organización considera que esta sentencia abre una oportunidad para que el gobierno federal amplíe sus facultades de transparencia y demuestre voluntad política.
Llamado al gobierno de Sheinbaum
Flores señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum prepara un decreto para impulsar mayor transparencia y que este caso sería el momento ideal para demostrar que la iniciativa “será más que palabras”.
Un caso emblemático para la vigilancia digital en México
Pegasus ha sido señalado durante años por su uso para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y opositores, por lo que la desclasificación de los contratos podría arrojar luz sobre prácticas de vigilancia en administraciones pasadas y actuales.
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