El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración. La imputación, presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también involucra a otras nueve personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del estado.
Según el documento, los acusados habrían colaborado con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.
Los señalamientos contra Rocha
La acusación sostiene que Los Chapitos respaldaron políticamente a Rocha desde su campaña a la gubernatura y que, ya en el cargo, el mandatario habría permitido que el grupo criminal operara “con impunidad” en el estado. El documento afirma que:
- Rocha habría asistido a reuniones con líderes del cártel.
- Permitió que integrantes del grupo colocaran funcionarios afines en dependencias estatales y municipales.
- Esos funcionarios habrían protegido operaciones de tráfico de drogas.
Rocha rechazó categóricamente las acusaciones en un mensaje publicado en X, calificándolas como un “ataque” contra el movimiento político que representa.
Reacción del Gobierno de México
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos, aunque señaló que la documentación no contiene elementos suficientes para determinar responsabilidad penal. La Fiscalía General de la República revisará el caso y abrirá una investigación para evaluar si existen fundamentos.
El fiscal Ulises Lara indicó que, por tratarse de un gobernador en funciones, sería necesario que el Congreso retire la inmunidad procesal para proceder penalmente.
Reacciones políticas en México
- Morena calificó la acusación como un asunto político sin pruebas públicas.
- La oposición exigió que el Gobierno federal se deslinde de Rocha y permita que sea investigado.
- El PRI afirmó que el caso refleja la penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales.
Lo que sigue
El proceso judicial en Estados Unidos continuará mientras México analiza las solicitudes de extradición. Si Rocha fuera declarado culpable en territorio estadounidense, podría enfrentar entre 40 años de prisión y cadena perpetua.
REDACCION
