El gobierno de México y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) atraviesan un momento de tensión luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que se presentarían denuncias formales por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en territorio estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló las primeras acciones emprendidas para exigir responsabilidades y frenar posibles abusos.
Acciones legales iniciadas por México
La SRE informó que la Embajada de México en Estados Unidos y los consulados ya presentaron solicitudes ante fiscalías estatales para investigar los casos de connacionales fallecidos . También se prevé una petición similar ante el Departamento de Justicia estadounidense .
Además, México comenzó a enviar escritos a centros de detención donde han ocurrido muertes, exigiendo que cesen de inmediato las acciones u omisiones que pudieron derivar en los fallecimientos . La primera denuncia fue dirigida al centro de detención de Adelanto, California, donde han muerto cuatro mexicanos .
“Primer paso para acciones civiles”
La SRE señaló que estos escritos constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles contra las autoridades responsables .
Unidad política… con matices
Sheinbaum reconoció el pronunciamiento conjunto de los seis partidos representados en el Senado, que condenaron las muertes de los 17 mexicanos y llamaron a defender los derechos humanos de los connacionales en cualquier parte del mundo .
Sin embargo, la presidenta criticó que PAN y PRI emitieran comunicados posteriores en los que cuestionaron su postura, lo que añadió tensión política al tema .
Un conflicto que escala
El choque entre el gabinete de seguridad mexicano y agencias estadounidenses ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre las condiciones en centros de detención migratoria y sobre el papel de la DEA y otras agencias en operativos binacionales.
México busca que las muertes no queden impunes y que se revisen los protocolos de custodia y detención. Mientras tanto, la relación bilateral en materia de seguridad enfrenta un nuevo punto de fricción.
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