PUEBLA, Pue.- La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un régimen de responsabilidad penal reforzada que contemple la prisión permanente para personas de 12 años cumplidos o más que cometan delitos considerados de extrema gravedad.
La propuesta tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico para combatir la participación de menores de edad en actividades delictivas e inhibir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado.
De acuerdo con la legisladora, delitos como el homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada, terrorismo, delincuencia organizada y el reclutamiento criminal de menores representan expresiones de violencia extrema que generan un profundo impacto social y colocan a las víctimas en condiciones de absoluta vulnerabilidad.
Palomares Ramírez señaló que, en los últimos años, diversos organismos han advertido sobre el incremento del reclutamiento de menores por organizaciones criminales, que los utilizan para labores de vigilancia, transporte, extorsión, venta de drogas, agresiones e incluso para la comisión de homicidios, aprovechándose de factores como la pobreza, el abandono, la violencia, la falta de oportunidades y el control territorial.
En este contexto, sostuvo que el actual sistema de justicia penal para adolescentes debe contar con mecanismos diferenciados que permitan responder de manera excepcional a conductas de extrema gravedad vinculadas con estructuras de criminalidad organizada.
La iniciativa plantea la creación de un régimen de Responsabilidad Penal Reforzada para personas adolescentes de 12 años o más que participen en delitos de alto impacto, considerando elementos como la naturaleza del delito, el grado de participación, la reincidencia, la pertenencia a grupos criminales, la crueldad de los hechos, el daño ocasionado a las víctimas y el riesgo objetivo para la sociedad.
La legisladora precisó que la propuesta no busca aplicar un mismo criterio a todas las conductas cometidas por adolescentes, sino establecer un tratamiento excepcional para los casos de mayor gravedad, con el propósito de fortalecer la protección de la sociedad y desalentar el reclutamiento de menores por organizaciones delictivas.
