El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, hizo un llamado firme a las y los presidentes municipales para que ejerzan sus funciones con honestidad, transparencia y responsabilidad, al subrayar que los recursos públicos dejaron de ser sinónimo de privilegios, opacidad y saqueo.
Durante su participación en la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, el legislador destacó que en Puebla se impulsa una nueva ética pública, basada en el servicio al pueblo y no en el aprovechamiento del poder.
“Como lo ha señalado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, gobernar no es servirse del poder, sino servir al pueblo. Esa es la base de una administración con honestidad, eficiencia y responsabilidad humana”, expresó.
Pavel Gaspar enfatizó que las administraciones humanistas no solo buscan crecimiento económico, sino también el desarrollo social, ético y moral, y respaldó la postura del Ejecutivo estatal al afirmar que en Puebla se terminó el uso del cargo público para realizar negocios personales.
Asimismo, sostuvo que el manejo adecuado de los recursos públicos es un principio constitucional y un elemento fundamental de la democracia.
“La democracia no se agota en las urnas; se construye todos los días cuando el dinero del pueblo se administra con honestidad, eficiencia y sentido social”, puntualizó.
El presidente del Congreso subrayó que cada peso del erario pertenece a la ciudadanía y debe regresar en forma de obras, servicios, bienestar y oportunidades de desarrollo, como ocurre con el programa de Obra Comunitaria, impulsado por el Gobierno del Estado, donde la población participa directamente en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta reiteró que las y los presidentes municipales tienen la obligación de administrar los recursos públicos de manera eficiente y transparente, y fue enfático al exigir integridad en el servicio público.
“Si aman a sus pueblos, trabajen con honestidad. No acepten moches, no acepten milpas y, mucho menos, metan a sus constructoras a realizar las obras; eso es un delito”, advirtió.
