El asesinato de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años que acudió a una entrevista de trabajo en la Ciudad de México y nunca regresó, ha generado indignación nacional y fuertes cuestionamientos a las autoridades por demoras, presunta corrupción y fallas en los protocolos de búsqueda.
Desaparición y hallazgo del cuerpo
Edith fue vista por última vez el miércoles 16 de abril en un edificio del centro-sur de la capital, donde tenía una cita laboral. Su familia, al no recibir respuesta, inició la búsqueda por cuenta propia y acudió a las autoridades durante la madrugada.
Aunque la denuncia se presentó cerca de la 1 a.m., la Fiscalía capitalina no acudió al inmueble sino hasta la tarde, pese a contar desde el inicio con información que orientaba la búsqueda hacia ese lugar. El 17 de abril, casi 24 horas después, Edith fue encontrada sin vida en el sótano, oculta bajo un montículo de arena.
Demoras e irregularidades en la investigación
La fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció retrasos en las diligencias. Familiares denunciaron que:
- Les dijeron que debían esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, algo contrario a la ley.
- Se les negó acceso a cámaras de vigilancia.
- Un policía habría pedido dinero para acelerar la investigación.
La Fiscalía separó del cargo a un agente mientras se investiga la presunta corrupción.
Un detenido y versiones encontradas
Un vigilante del edificio fue detenido como principal sospechoso. Según la Fiscalía, habría tenido un altercado con Edith y la agredió con un armador o destornillador, para luego ocultar el cuerpo. Se hallaron manchas de sangre en la caseta de vigilancia y otros indicios forenses.
Sin embargo, la familia del detenido denuncia presiones para que se declare culpable y difundió un video de seguridad que, según la Fiscalía, no corresponde a Edith y fue grabado en otro momento.
La investigación sigue abierta y no se descarta la participación de más personas ni la posible relación con trata de personas.
Un caso que reaviva la crisis de violencia contra mujeres
Entre 2018 y 2025, México registró más de 26.600 homicidios de mujeres, pero solo una cuarta parte se investigó como feminicidio. El caso ocurre días después de que el Senado aprobara una reforma para homologar la tipificación y sanción del feminicidio en todo el país, con penas de 40 a 70 años.
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