Una revisión de documentos obtenidos por el Congreso y analizados por CNN muestra que al menos seis exmiembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos utilizaron más de US$ 300.000 en fondos públicos para pactos extrajudiciales relacionados con denuncias de acoso sexual. La información fue revelada por la congresista republicana Nancy Mace, quien impulsó una citación para obligar a la Oficina de Derechos Laborales del Congreso a entregar los expedientes.
Documentos internos exponen años de acuerdos confidenciales
Los archivos —más de 1.000 páginas entre notas legales, denuncias formales y contratos de conciliación— muestran cómo algunos legisladores abusaron de su posición de poder para maltratar a personal subordinado, según el análisis realizado por CNN.
Entre 1996 y 2018, la Oficina de Derechos Laborales aprobó 349 acuerdos para resolver quejas contra oficinas del poder legislativo; solo siete de ellos correspondieron a denuncias de acoso sexual, pero implicaron pagos significativos con dinero del Tesoro.
Fondos públicos y destrucción de expedientes
Los pagos provinieron de una cuenta federal que ya no está disponible para estos fines tras reformas impulsadas en 2018, en el contexto del movimiento #MeToo.
Además, 23 expedientes fueron destruidos conforme a la política de retención de registros de la oficina, lo que limita la reconstrucción completa del historial de casos.
Quiénes están implicados
Mace mencionó públicamente a seis exlegisladores cuyas oficinas estuvieron involucradas en los acuerdos. Entre ellos figuran nombres conocidos como John Conyers y Blake Farenthold, ambos ya fallecidos, quienes renunciaron tras enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Los documentos muestran pagos de US$ 27.000 y US$ 50.000 en nombre de Conyers, y un acuerdo de US$ 84.000 vinculado a Farenthold.
Cambios tras el #MeToo
Desde 2018, los legisladores ya no pueden usar fondos públicos para resolver denuncias de acoso sexual. La Comisión de Ética de la Cámara confirmó que no ha recibido notificaciones de nuevos acuerdos desde la entrada en vigor de la ley.
Un llamado a mayor transparencia
Para Mace y otros legisladores, la divulgación de estos documentos es un paso necesario para restaurar la confianza pública y garantizar que el Congreso rinda cuentas por el uso de recursos federales en casos de mala conducta.
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