MADRID — La cantante colombiana Shakira obtuvo una victoria clave en su disputa fiscal con el Estado español, luego de que la Audiencia Nacional anulara una multa correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 y ordenara a Hacienda devolverle alrededor de 60 millones de euros, incluyendo intereses y costas judiciales. La decisión aparece detallada en la sentencia consultada por CNN .
La justicia concluye que no era residente fiscal en 2011
El tribunal determinó que la Agencia Tributaria no acreditó que Shakira hubiera permanecido más de 183 días en España durante 2011, requisito indispensable para considerarla residente fiscal y exigirle el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) .
La sentencia señala que la artista pasó 163 días en el país ese año y que tampoco se demostró que tuviera su “núcleo de intereses económicos” o un “vínculo familiar” que justificara la residencia fiscal, pese a que mantenía una relación sentimental con Gerard Piqué, con quien no estaba casada ni tenía hijos en ese momento .
La devolución podría superar los 60 millones
Aunque la disputa administrativa se centraba en una cantidad de 55 millones de euros, el equipo legal de Shakira calcula que la devolución total superará los 60 millones, al sumarse intereses y costas judiciales .
La agencia Llorente y Cuenca, que representa a la artista, afirmó que esta era la última cuenta pendiente de Shakira en España tras ocho años de litigios .
Hacienda recurrirá la decisión
Fuentes de la Agencia Tributaria recordaron que Shakira ya aceptó condenas por delitos fiscales correspondientes a los años 2012-2014, y adelantaron que la nueva sentencia será recurrida ante el Tribunal Supremo .
Otros procesos recientes
El fallo llega pocos días después de que un juzgado de Barcelona archivara una segunda causa penal contra la cantante por un presunto fraude de 6,6 millones de euros en 2018, remitiéndola únicamente a la vía administrativa para regularizar su situación tributaria .
En 2024, Shakira aceptó una multa de 7,8 millones de euros tras reconocer que defraudó 14,5 millones entre 2012 y 2014, acuerdo que le permitió evitar un juicio prolongado y una posible pena de prisión .
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