WASHINGTON.— La jueza federal Araceli Martínez-Olguín estableció que el 2 de marzo de 2027 comenzará el juicio por las demandas antimonopolio que buscan frenar la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, una operación que permanece en suspenso desde hace meses. La decisión representa un nuevo revés para la compañía, que esperaba concretar la fusión durante el verano de 2026.
Un calendario que prolonga la incertidumbre
El juicio se extenderá por 12 días de audiencias, según la resolución judicial. La fecha fijada se ubica entre las propuestas de ambas partes: Paramount había solicitado iniciar en noviembre de 2026, mientras que la coalición de fiscales generales estatales que impugna la operación proponía abril de 2027.
Ante las demandas, Paramount aceptó aplazar el cierre de la operación hasta que se celebre el juicio, lo que deja la fusión detenida por al menos siete meses más.
Costos millonarios por cada día de retraso
El aplazamiento podría resultar extremadamente costoso para Paramount. Según el acuerdo de fusión, la empresa deberá pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery US$ 7 millones por cada día que pase después del 30 de septiembre de 2026 sin que la operación se concrete.
Con un juicio programado para marzo de 2027, la compañía podría acumular más de US$ 1.000 millones en estas llamadas “tasas de registro” antes de que exista un fallo judicial.
Demandas y oposición al acuerdo
La operación enfrenta dos demandas antimonopolio:
- Una presentada por una coalición de fiscales generales estatales,
- Y otra interpuesta por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que sostiene que la fusión afectaría la competencia en la industria del entretenimiento.
Ambos grupos argumentan que la adquisición no debe concretarse hasta que un tribunal analice a fondo sus reclamos.
Un revés más para Paramount
El nuevo calendario judicial se suma a una serie de obstáculos que han retrasado la operación, considerada una de las más importantes en el sector mediático. Paramount insiste en que un retraso prolongado pone en riesgo el acuerdo, mientras que los opositores sostienen que la fusión podría afectar la competencia y perjudicar a consumidores y trabajadores.
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